Vianney Sierralta (45) es la primera abogada de la comunidad sorda en Chile. Además, es calameña, madre, profesora de educación básica y especial, presidenta de la Fundación Nellie Zabel y candidata a la Convención Constitucional por el distrito 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla).
“He dedicado mi vida a la educación de niños sordos y con discapacidad”, contó Vianney a CNN Chile. La abogada de la comunidad sorda quiere ser parte de la constituyente “porque en este proceso se requiere la participación de toda la diversidad humana de nuestro país”.
La oriunda de Calama va por la lista del Movimiento Independientes del Norte, quienes se definen como un “movimiento ciudadano regionalista, diverso, inclusivo, pluralista y democrático con enfoque en Derechos Humanos, trabajo y seguridad social, salud, educación, cultura, ciencia y desarrollo tecnológico, género, derechos reproductivos, familia, inclusión, pueblos originarios y derecho al agua y recurso naturales”.
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Sierralta cree que “las demandas de la comunidad sorda deben ser consideradas en la Carta Magna. Sólo necesitas navegar por las redes sociales para darte cuenta que la inclusión para muchos candidatos son discursos no accesibles, sin servicios de interpretación de lengua de señas o sistema de subtitulado automático (cosa que se logra con sólo activar un botón) también son sin enfoque de género y homogéneos”.
“Quiero ser constituyente porque vivir en zona de sacrificio requiere una voz de alguien que ha sabido ser resiliente, que tiene las competencias para persistir, resistir y trabajar sin descanso por cambios concretos y soluciones reales”, acusó.
Asimismo, la candidata especificó que “mi lucha se encuentra centrada en los Derechos Humanos, en el derecho a ser y existir como personas diversas. Me motiva que logremos salir de los meros derechos individuales para poder trabajar por los derechos colectivos y significarlos desde esta dimensión”.
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Por otro lado, dijo que “lo aprendimos con la pandemia es que la salud debe verse como un derecho universal, colectivo y de interés público. Debemos garantizar un sistema sanitario de calidad y accesible para todos, incluyendo a las personas sordas que se encontraron con un sistema que no era accesible y que no les estaba informando en su lengua de señas y no podían comunicarse con los profesionales de salud”.
La lucha de la comunidad sorda en Chile
Vianney afirmó que la comunidad sorda “constituye una minoría lingüística y cultural conformada principalmente por personas sordas y organizaciones de personas sordas de cualquier tipo, en la que también pueden participar las personas con discapacidad auditiva y las personas oyentes que comparten la lengua y la cultura de las personas sordas”.
“Lo que une a la comunidad es la lengua de señas chilena como eje valórico que convoca a sus miembros”, sostuvo la candidata.
Además, ratificó que la comunidad “se encuentra identificada por la cultura que concentra los valores, tradiciones, prácticas, historias compartidas muchas veces con la carga de las experiencias de opresión, resistencia y solidaridad”.
Respecto al activismo, explicó que existen varias organizaciones que trabajan por diferentes objetivos asociados al ámbito en que se desarrollan: “educación con profesores sordos que hacen incidencia para que esta sea efectiva y de calidad para los niños sordos; personas con discapacidad para hacer visible el arte y la cultura visual a través del teatro; trabajo en favor de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas sordas; federaciones de deportes y asociaciones gremiales”.
La abogada cree que la nueva Constitución debe garantizar “los Derechos Humanos, el derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda”, pero lo más importante para ella es que sean “normativos, jurisdiccional y de políticas publicas para toda persona sin discriminación”.
Es decir, se deben consignar los “tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Eso incluye la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus demandas”.
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La candidata del D3 manifestó que “se deben incorporar la descentralización y territorialidad para que las regiones asuman su auto administración y gobierno con todas las competencias que les otorguen autonomía, determinando sus propias autoridades a todo nivel de gobierno regional a través de elecciones democráticas que contemple la asignación de un presupuesto efectivo y proporcional al tremendo aporte que hacen las regiones al país, tal como sucede con la Región de Antofagasta”.
“El aborto existe desde los albores de la historia”
Una de las discusiones que ha marcado la pauta nacional es la despenalización del aborto y la opción de asegurar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chile.
Ante esto, Vianney dijo que “la Constitución lo que hace es consignar derechos y principios que deben ponderarse unos con otros, dentro de esos derechos encontraremos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica de todas las personas, incluidas todas las mujeres en sus interseccionalidades, el derecho a la salud sin discriminación de ninguna índole, el derecho a la toma de decisiones y consentimiento informado respecto del propio cuerpo, lo que incluye los derechos sexuales y reproductivos”.
En esta línea, explicó que “este conjunto de derechos prevalece en un Estado laico con libertad de conciencia, entonces la discusión en materia constitucional debe centrarse en el catálogo de derechos que tienen las mujeres para las decisiones que las afectan a ellas y a su propio cuerpo, existencia y supervivencia”.
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“En Chile, en las decisiones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad se ha vulnerado en incontables ocasiones el derecho a decidir y consentir respecto del propio cuerpo dejando esas decisiones en manos de otros, tal es el caso de la actual legislación del aborto por tres causales”, aseguró.
Declaró además que “el aborto existe desde los albores de la historia. El derecho a la salud debe ser para todas y no sólo para quiénes tienen el privilegio de pagar para tener un aborto seguro”.
“Siempre he pensado que nunca es una decisión fácil, pero las mujeres deben tener la libertad de decidir respecto de su propia vida y sus propios cuerpos”, finalizó.
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