Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.
Ya está listo para ser ley el proyecto que permite levantar el secreto bancario en aquellas transacciones que son investigadas por lavado de dinero y también en operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Una medida que según expertos nos iguala a los estándares del resto del mundo.
Cuando la ley sea promulgada, cerca de 5.300 personas y empresas privadas tendrán que reportar a la Unidad de Análisis Financiero operaciones sospechosas. Pero la gran novedad, es que casi 600 organismos públicos, entre ministerios, municipalidades y superintendencias, tendrán que cumplir con la misma obligación.
Además, toda persona que ingrese al país más de diez mil dólares deberá declararlo en la aduana. Si no lo hace, se arriesga a multas o incluso a la retención de una parte del monto.
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