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Este lunes, el Gobierno entregó una cifra estimada de lo que tendrían que devolver las Isapres a sus afiliados tras el fallo sobre la tabla de factores que emitió la Corte Suprema: entre $1.007.959 millones (US$1.260 millones) y $1.125.019 millones (unos US$1.400 millones).

Esta cifra fue entregada durante una reunión que tuvieron diputados y senadores miembros de las comisiones de Salud; la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el superintendente de Salud y el director de Fonasa. En la instancia, se presentaron a los parlamentarios las ideas respecto a un proyecto de ley que evite la caída del sistema de Isapres.

En detalle, desde el Gobierno ejemplificaron que la institución que tendría que desembolsar el menor monto estaría entre $62.636 millones (unos US$79 millones) y $69.685 millones (US$87 millones), mientras que la que tiene los mayores montos está entre $319.762 millones (US$401 millones) y $354.823 millones (US$445 millones).

De todas formas, los montos entregados son estimados y variables. El Ejecutivo no los reveló públicamente y el superintendente de Salud hasta señaló que no iba a “aventurar una cifra, ya que hay varios elementos que son parte del proceso de modelamiento y que dependerán también de las definiciones que se tomen sobre el proyecto de ley”.

Reacciones al proyecto

En la reunión de este lunes, el Gobierno explicó a los diputados y senadores que el proyecto que están preparando buscaría dar facilidades a las Isapres con gradualidad en los pagos y que las compañías no puedan retirar utilidades hasta que no completen las devoluciones.

Al respecto, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) escribió que recibieron una “contundente presentación con propuestas del Ministerio de Salud para enfrentar crisis de Isapres. Incluye no retiro de utilidades mientras no se devuelva 100% de cobros en exceso. (Sin embargo, es) importante exceptuar de criterios de insolvencia pasivo de devolución de cobros en exceso”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), sostuvo que “la propuesta de la ministra cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo, en términos de las tablas de factores, que es coincidente con la propuesta de reforma constitucional que presentamos (…) La única diferencia se relaciona con los plazos para la devolución de los excedentes”.

“Deberían ser 36 meses para la devolución de los excedentes, y no 24 que es la propuesta del Ejecutivo, pero me parece que la propuesta que ha hecho el Minsal guarda relación con la potencia del impacto político sanitario que se pueda provocar si es que no se adoptan medidas en lo inmediato“. agregó.

La postura del Gobierno

La ministra Aguilera señaló que esperan ingresar el contenido del proyecto a fines de marzo. “Los contenidos tienen que ver con que se dé cumplimiento a las devoluciones (…) y que tengamos una aplicación progresiva, en el sentido de otorgar un plazo para el acatamiento total de la tabla de factores, y posterior al cual comenzaría la aplicación de la tabla de factores”.

“Es un ejercicio en el cual se daría un tiempo que favorezca el logro de un equilibrio financiero, pero haciendo exigencias a las isapres para el logro de ese equilibrio financiero”, aclaró la secretaria de Estado.

Finalmente, recalcó que el proyecto “define los bordes en los cuales se va a mover la Superintendencia para dar cumplimiento al fallo“. “Más que entrar en el tema del precio base, lo que estamos planteando es que vamos a otorgar un plazo de tiempo para la aplicación de la tabla de factores, y eso es lo que seguimos nosotros estudiando y modelando”.

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