Como un documento “de última hora” calificó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) al dictamen 235/8 que emitió ayer la Dirección del Trabajo (DT) en el marco de la aplicación de la Ley de 40 horas.
¿Qué pasó?
A una semana de que entre en vigor la normativa, la DT publicó un dictamen en el que aclara la fórmula que deben utilizar los empleadores para implementar adecuadamente el nuevo periodo de jornada laboral que tendrá el país.
El documento explica, entre otros aspectos, el sentido gradual de la disminución de 45 a 40 horas semanales de la jornada de trabajo. También señala que, a partir del próximo viernes 26 de abril, el nuevo periodo laboral será de 44 horas semanales y que esta hora menos se debe aplicar en un día hábil.
Además, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social descartaron completamente que la hora semanal reducida pueda distribuirse en 12 minutos diarios menos cada día hábil. De hecho, indicaron que se debe aplicar, obligatoriamente, en un día con una hora menos.
Junto a ello, enfatizaron que esta medida no se debe aplicar ni incidir en nada relacionado con la hora de colación de los trabajadores. Vulnerar dicha franja horaria será sancionado.
Comercio: “La DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada”
A través de una nota de prensa, la Cámara de Comercio de Santiago expresó su preocupación y sorpresa, debido a la imposición de una “fórmula específica” que deben utilizar los empleadores.
En ese sentido, María Teresa Vial, presidenta de la CCS, planteó que “la DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de 1 hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en 1 día a la semana, considerando que la propia Ley no establece esa distinción”.
Esto podría considerarse contrario a la gradualidad con que se pretende implementar la ley, aseguró, “y que fue justamente una de las negociaciones y acuerdos principales de la tramitación, pues para el día en concreto en donde se materialice la reducción, no habrá, en la práctica, gradualidad alguna”, añadió.
Vial también manifestó que el gremio está preocupado porque el dictamen fue emitido a una semana de que entre en vigor la nueva ley, la cual fue promulgada hace un año. “En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación y realizaron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley, por lo que este tema hoy confunde a los empleadores y deja sin aplicación planificaciones ya realizadas al respecto, más aún cuando falta apenas una semana para la entrada en vigencia de la ley”, expresó.
En esta línea, la Cámara comentó que desde la promulgación, “las empresas han diseñado estrategias y planes para adecuar a sus distintos rubros, realidades, particularidades y necesidades de operación, los desafíos que implica la nueva legislación, cuidando el trabajo que genera, el ambiente laboral, la productividad y sostenibilidad a largo plazo de las compañías, las cuales crean valor para la sociedad, empleo formal y estable”.
“Esta minuciosa preparación ha tenido lugar dentro del complejo escenario actual por el que ha debido transitar nuestra economía y que ha dejado atrás a más de 865 mil personas, representadas por el 8,5% de desempleo, además de la informalidad laboral, que alcanza al 27% de los trabajadores, los que no disponen de seguridad social”, agregó Vial.
Debido a esto, la CCS citó a sus empresas asociadas a un comité extraordinario para evaluar los efectos de esta fórmula y los pasos a seguir, con el fin de comunicar a la autoridad las principales problemáticas que genera el dictamen.
“Es importante que las leyes y regulaciones se implementen de forma justa y equitativa, de manera que permita a las empresas cumplir con las nuevas normativas de forma efectiva. Esperamos que la autoridad tome en consideración el potencial daño que implica esta sorpresiva interpretación, que introduce incertidumbre y que pone en riesgo el éxito de una implementación ordenada y que minimice los costos sobre el mercado laboral de la nueva ley”, concluyó Vial.
Deja tu comentario