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La comisión mixta despachó este lunes el proyecto de protección al empleo impulsado por el gobierno después de 10 horas de discusión.
El proyecto permite suspender la relación laboral por un plazo de hasta seis meses, período en el que el trabajador no prestará servicios y el empleador no pagará remuneraciones, pero no se podrá poner término a dicho vínculo a raíz de la crisis sanitaria originada por el coronavirus.
El proyecto contempla que, mientras ocurra esta suspensión, los ingresos del empleado estén garantizados a través del seguro de cesantía.
También permitirá reducir la jornada laboral por hasta 10 meses y, en ese caso, el empleador pagará lo correspondiente a las horas trabajadas y se complementará la remuneración con el seguro de cesantía.
Si bien el orden de prelación del uso del seguro se mantuvo -cuentas individuales primero y luego el fondo solidario-, se mejoró la tasa de reemplazo de quienes ganan menos de $500.000: el proyecto original contemplaba que, para quienes mantienen el vínculo contractual, el primer mes recibirán el 70% de sus remuneraciones y el segundo el “sueldo parcial” bajaría a 55%, sin embargo, dicha cobertura aumentó.
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“Un trabajador que esté cerca del salario mínimo, (…) va a tener una tasa de remplazo de 70% durante los primeros meses y al cuarto mes de 62%. Entonces creo que es una mejora sustantiva pensando en el uso de este instrumento que es tan necesario, de suspensión del contrato, si es que este dura más de un mes, más de dos meses, más de tres meses”, explicó el ministro Ignacio Briones.
La iniciativa debe ser ratificada este martes por la sala del Senado y luego por la Cámara de Diputados. De ser aprobada, la normativa podrá ser aplicada con efecto retroactivo para los trabajadores que hayan sido afectados desde el 18 de marzo.
Se espera que la votación en el Senado se realice a las 11 horas, mientras que la Cámara Baja haga lo mismo a las 15 horas.
El proyecto forma parte del plan económico de emergencia anunciado por el gobierno y pasó a comisión mixta luego que el Senado rechazara las modificaciones realizadas en la Cámara Baja a la normativa.
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