La asociación gremial Clínicas de Chile hizo un llamado a que dichas instituciones privadas sean consideradas en el artículo sobre el derecho a la salud en la nueva Constitución.
A través de un comunicado, las entidades lamentaron la norma aprobada en particular por la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. El artículo consigna un Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”, que “será financiado a través de las rentas generales de la nación“. También indica que prestadores privados que quieran estar “integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro“.
Asimismo, sostiene que “podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir el rol del Estado”.
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¿Qué dijo la asociación?
En primera instancia, las clínicas aseguraron que “los prestadores privados debemos contar con una retribución por nuestra labor, ya que ella es esencial para sustentar nuestro funcionamiento y atención de calidad, pues no hay subsidios de ninguna índole que financien nuestro trabajo. Pues bien, el hecho de tener que generar de manera autónoma nuestro financiamiento -que posibilita pagar a nuestro personal, nuestras instalaciones y el desarrollo de nuestros centros de atención- no puede ser una razón para excluir a millones de pacientes de la urgente y apremiante atención de salud a través de nuestros prestadores”.
En ese sentido, manifestaron que “¿cuál sería la situación con menos lugares donde poder atenderse? ¿Cuántas miles de personas se habrían quedado sin atención en la pandemia si no se nos hubiera integrado al sistema?”.
Por otra parte, las instituciones afirmaron que “muchos creen, equivocadamente, que las clínicas privadas sólo atendemos pacientes de isapres. La realidad es que son millones de beneficiarios de Fonasa los que son atendidos en nuestros establecimientos”.
“El 52,5% de las consultas totales en el país son realizadas por prestadores privados. Así, de los casi 25 millones de consultas que se realizaron el año 2020 en nuestro sector, 14,5 millones fueron para atender a personas pertenecientes a Fonasa; durante la pandemia, más del 50% de los pacientes que hemos atendido proviene del sistema público”, agregaron.
“En el aporte global a la salud del país, en 2020, más del 40% de la actividad de salud en el país fue realizada por prestadores privados“, continuaron.
De esta forma, las entidades señalaron que “las clínicas privadas no pueden ser excluidas de formar parte de la red de atención de los chilenos y chilenas”.
“Un asegurador único y estatal no permite mejorar las condiciones de atención de las personas: sólo se recargará al sistema público con más de tres millones de pacientes adicionales que atender provenientes del sistema privado, sin hacerse cargo del problema de fondo que afecta al sistema público. Lo anterior es aún peor, si además se restringe la cantidad de prestadores privados que puedan participar en la entrega de prestaciones en el plan único que se establezca”, aseguraron.
Finalmente, Clínicas de Chile hizo un llamado a que la Convención Constitucional considera “de manera efectiva y sostenida” la complementariedad del trabajo público con el de todos los privados, “sin exclusión“.
“Las necesidades son claras y urgentes: los pacientes necesitan más y mejor salud. Ese es el desafío para Chile y al que debemos concurrir todos los actores de salud sin excepción”, concluyeron.
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