MARCOS MALDONADO/AGENCIA UNO

Esta semana, el Congreso despachó a ley el proyecto que consagra Internet como servicio público, quedando listo para ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.

El proyecto, impulsado durante el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y apoyado por el actual Gobierno, fue aprobado con un apoyo transversal.

Una vez que la iniciativa sea promulgada y los reglamentos aprobados, la provisión de internet podrá ser fiscalizada de la misma forma que la telefonía móvil, a la vez que se habilitarán una serie de herramientas en pos de acortar la brecha digital.

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que esta normativa “viene a hacerse cargo de esta necesidad del país de acortar la brecha digital, de que hoy día no se nos puede quedar nadie fuera del acceso a Internet”.

“En la pandemia descubrimos con mucha fuerza la importancia, lo duro que es para las personas que no tienen una buena conectividad digital, cómo eso significa quedar fuera de accesibilidad a servicios, conectividad que hoy es fundamental en esta vida moderna”, agregó.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, aseguró que se dio “un gran paso en el reconocimiento de derechos en una sociedad que es cada vez más digital. Cuando este proyecto sea promulgado y se aprueben todos los reglamentos, las familias de nuestro país recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios”.

¿Qué significa esta ley?

  • E proyecto entregará mayores atribuciones a Subtel en materia de fiscalización y permitirá accionar el mecanismo de subsidio a la demanda, tal como ocurre con la electricidad y el agua potable, permitiendo ayudar a pagar la cuenta del Internet a las familias más vulnerables.
  • Reconoce una facultad presidencial que habilite, de manera anual, durante la discusión de Presupuesto, de la disposición de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet a un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables, de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares (RSH) u otro instrumento idóneo.
  • Se profundizará la obligatoriedad de las empresas en prestar servicios de conectividad digital en todos los lugares donde tengan cobertura, eliminando el concepto de zonas rojas como un limitante a la hora de llegar con servicios a determinadas zonas del país.
  • La Subtel verá fortalecida su labor fiscalizadora y con ello, podrá incrementar las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios por parte de las empresas de telecomunicaciones.
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