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“Es una excelente salida al caso”. Con esa frase el Fiscal Pablo Gómez, a cargo de la investigación de la causa SQM, mostró su satisfacción con lo resuelto hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La instancia ratificó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía con la minera no metálica para una suspensión condicional del juicio por cohecho. Y es poco probable que en la Corte Suprema se revierta.

La minera que controlaba Julio Ponce Lerou pagará $2 mil 550 millones de pesos, se suspende el juicio y SQM queda sin condena. Sí, sin condena, pese a protagoniza uno de los casos de corrupción más importantes de la historia judicial reciente.

Cuesta aceptar la decisión de la Fiscalía. Es cierto que optó por uno de los caminos que ofrece nuestro sistema penal. Y la Corte hoy enfatiza que es una atribución discrecional del persecutor a cargo.

Sin embargo, este no es cualquier caso.

SQM fue investigado por presuntos pagos a un Senador de la República en la búsqueda de beneficios. Y por múltiples y reiterados pagos irregulares a políticos de distintos colores o personas y organizaciones relacionadas a estos.

Un entramado, tejido por años, que reveló la espuria relación entre la política y los negocios. Y que causó un daño profundo, quizás irreparable, a nuestra Democracia.

En este y otros casos la ciudadanía no espera recuperar dineros u obtener multas –ínfimas por lo demás para una empresa del tamaño de SQM.

Lo que se espera es recuperar la confianza perdida en la justicia. Creer en la igualdad ante la ley. En las instituciones. “Debemos ir a juicio aunque se pierda” dijo la abogada del Consejo de Defensa del Estado. Y vaya que tenía razón. Porque, millones más o multas menos, tal como ocurrió en el cierre del caso de Iván Moreira, la sensación de impunidad y privilegio queda rondando en el aire. Una vez más.      

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