Este jueves, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), junto a los familiares de Daniel Zamudio, se opusieron a la solicitud de Raúl López -uno de los cuatro responsables del asesinato del joven de 24 años- que busca cumplir los últimos tres años de su condena de 15 años en libertad condicional.
El abogado Jaime Silva, colaborador del Movilh, y la familia de Daniel se opondrán ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago debido a que consideran la medida como un privilegio que “no puede concederse dada la brutalidad del crimen y la baja pena aplicada al delincuente”, argumentaron en un comunicado.
Actualmente, el abogado está preparando las alegaciones que presentará en una audiencia el padre de la víctima, Iván, en representación de la familia.
Su padre recordó el porqué de la sentencia de López: “Junto con los otros condenados, agredió reiteradamente a mi hijo, con golpes de pies, de puño, objetos cortopunzantes y contundentes, en diversas partes de su cuerpo, especialmente en su cabeza, rostro, tronco y extremidades”.
De acuerdo al comunicado de Movilh, los alegatos del abogado argumentan que el crimen de Zamudio aceleró la aprobación de la Ley Antidiscriminación. A pesar de esto, esta ley no fue aplicada a los responsables del asesinato de la víctima, ya que esta legislación entró en vigencia posterior al asesinato.
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que “en consecuencia, la pena por uno de los crímenes más brutales que se tiene registro en Chile fue baja para Raúl López Fuentes, de apenas 15 años. Que ahora pretenda cumplir 3 de los 15 años en libertad condicional es un privilegio excesivo, inmerecido”.
En esa línea, Jiménez sostuvo que esta situación “desoye” las recomendaciones que realizó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien recientemente pidió al país garantizar sanciones adecuadas y reparaciones integrales a las víctimas de delitos homo/transfóbicos.
Asimismo, el abogado Silva enfatizó que de otorgarse el beneficio, sería “una pésima señal de parte de los órganos del Estado sobre la forma en que deben cumplirse las penas impuestas a delitos que fueron motivados por la orientación sexual de la víctima”.
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