El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez tuvo este jueves su primera aparición luego de que el Ministerio Público rechazara la solicitud de inhabilidad presentada por su defensa contra el fiscal centro norte, Xavier Armendáriz, de una investigación penal por el delito de crimen de lesa humanidad en contexto del estallido social.
“Solamente quiero recalcar que como institución vamos a seguir trabajando codo a codo junto al Ministerio Público y junto a las diferentes autoridades de Gobierno con los planes que se han desarrollado, porque obviamente queremos combatir la delincuencia con nuestras mejores herramientas y capacidades”, aseguró el jefe policial.
En esa línea, afirmó que la institución “sigue viva y dinámica, entregando lo mejor de sus capacidades para otorgar mejor seguridad a nuestros compatriotas”.
El mandamás de Carabineros recalcó que la mayor preocupación es la seguridad y que ahí está enfocada la energía.
Los hechos
El miércoles, el jefe del ente persecutor, Ángel Valencia, rechazó inhabilitar al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en las causas que se investiga al titular de los uniformados, Ricardo Yáñez.
De acuerdo a Valencia, las alegaciones de la defensa de Yáñez y “los antecedentes que se acompañan para fundarla no permiten encuadrar esas actuaciones dentro de una causal propiamente de inhabilidad”.
En definitiva, el fiscal continuará al frente de la investigación del “Caso Alto Mando”, que indaga apremios ilegítimos y que incluye una audiencia de formalización contra el general director de Carabineros.
La audiencia está programada para el 7 de mayo a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y también incluirá la citación de Mario Rozas y Diego Olate.
Eso sí, Valencia trasladó la indagatoria por delitos de lesa humanidad a la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El fiscal Juan Castro Bekios asumirá la dirección de las investigaciones relacionadas con las querellas por crímenes de lesa humanidad y otros delitos surgidos de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre de 2019.
La decisión, de acuerdo al Ministerio Público, se debe a la “carga de trabajo significativa y la complejidad de manejar simultáneamente dos investigaciones penales de esta envergadura”.
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