CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
La secretaria de Estado reiteró los dichos de sus pares en el Gobierno, señalando que romper relaciones diplomáticas "sería regalar impunidad a los delincuentes".
La ministra Camila Vallejo (Segegob) abordó la delicada situación que se vive por estos días entre Chile y Venezuela, luego de que se afirmara que tras el crimen del exmilitar Ronald Ojeda hay un móvil político, lo que ha generado que algunos actores pidan romper las relaciones diplomáticas con dicho país. A ello se suma que el canciller venezolano negó la existencia del Tren de Aragua.
“Hoy día la relación diplomática es clave para garantizar que no haya impunidad. Romper las relaciones sería regalar la impunidad a los delincuentes y no estamos para eso en estos momentos”, expresó.
En esa línea, la secretaria de Estado comentó que hay que ser “inteligentes” en el uso de herramientas diplomáticas, de tratados internacionales y de convenios, para así avanzar y cumplir con lo que la ciudadanía demanda, que es “que no haya impunidad, que el tema migratorio vaya resolviéndose lo más posible”.
En relación con el llamado que hizo Chile a Venezuela a tomar “acciones concretas de colaboración” respecto al caso de Ronald Ojeda, Vallejo comentó que esperan que “durante los próximos días mejore esa colaboración (…). No hemos tenido la mejor colaboración en todos los casos y esperamos que luego de este llamado que hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, esa colaboración mejore mucho y de manera ágil y lo más expedita posible”.
Esto, luego de que el presidente Gabriel Boric llamara a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, en medio de la tensa relación entre Chile y Venezuela, marcada por el asesinato de Ojeda y las cuestionadas declaraciones del canciller venezolano Yván Gil.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.