Controversia generó la decisión de permitir que reclusos peligrosos realicen videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad tomada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien entregó este viernes un informe a la Corte de Apelaciones explicando la resolución.
Según Urrutia, su decisión se basó en tratados internacionales sobre derechos humanos y en documentos que evidencian la importancia del contacto con la familia para la socialización de los presos.
“Previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene una red de apoyo mientras dura el encarcelamiento”, señaló el juez en su informe.
Además, destacó que algunas personas privadas de libertad, especialmente internos extranjeros, llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, lo que motivó la autorización de las videollamadas.
En ese sentido, otro de los puntos que recalcó es que cada uno de los reos a los que se les permitiría realizar estas videollamadas aún tienen calidad de imputado en las investigaciones que se llevan en su contra, haciendo hincapié en el respeto a la inocencia de cada persona mientras no exista una condena.
Amenazas de muerte
El informe de Urrutia también mencionó que desde que la polémica estalló en los medios de comunicación, ha recibido al menos 7 amenazas de muerte a través de redes sociales, las cuales ya han sido denunciadas al Ministerio Público.
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