Tras polémica por rebajas de pena en delitos sexuales: Presentan reforma constitucional para frenar beneficios penitenciarios

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La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una reforma constitucional que busca impedir reducciones en las condenas de personas privadas de libertad por violación y abuso sexual.

La iniciativa es encabezada por Ximena Ossandón tras la controversia que generó las 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026 dictadas por el Ministerio de Justicia. Según la información de Interferencia, corresponden a 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación.

La reforma constitucional es impulsada por la diputada Ximena Ossandón y cuenta con el respaldo de los diputados RN Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, Diego Schalper y Mauro González, además de la diputada Claudia Mora y el diputado Jorge Guzmán (EVO).

¿Qué busca la reforma constitucional de la bancada RN?

El proyecto de la bancada RN plantea modificar el numeral 3.º del artículo 19 de la Constitución, y establecer un marco para la evaluación de libertades anticipadas y rebajas de pena en delitos sexuales.

  • Establece que la concesión de rebajas de pena o libertades anticipadas para condenados por delitos sexuales debe evaluarse bajo la normativa vigente al momento de la resolución, y no bajo la legislación cuando se dictó la sentencia.
  • De acuerdo a lo señalado por la bancada RN, la iniciativa no altera las penas fijadas por la justicia, sino que define la normativa aplicable a los beneficios penitenciarios tras la condena.
  • El proyecto incluye un artículo transitorio para la aplicación de esta norma a todas las solicitudes y trámites en curso, independientemente de la fecha en que se haya cometido el delito.
  • La propuesta establece la anulación automática de pleno derecho de todos los beneficios otorgados por vía administrativa a condenados por delitos sexuales durante los seis meses previos a la publicación de la ley.

Desde la bancada RN afirman que “las garantías del Estado de Derecho deben resguardarse, pero que estas no pueden confundirse con la existencia de un derecho automático a obtener reducciones de condena o mecanismos de egreso anticipado”.

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