Foto: Agencia Uno

Durante la jornada de ayer lunes 23 de diciembre, el Tribunal Constitucional acogió a trámite los dos recursos de inaplicabilidad presentados por un grupo de 12 carabineros de Fuerzas Especiales.

Los uniformados son sindicados como autores del delito de torturas, por los hechos que se remontan al pasado 21 de octubre en Plaza Ñuñoa, en medio de las manifestaciones que surgieron como parte del denominado estallido social, cuando los uniformados golpearon a un hombre identificado como Moisés Órdenes.

En imágenes, que quedaron registradas de forma fortuita debido a que se realizaba un despacho en vivo en el lugar, se ve cómo los funcionarios lo golpearon con bastones y uno de ellos le propinó una patada que lo hizo caer al suelo. Producto de la agresión el hombre quedó con trauma ocular cerrado izquierdo grave, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior del hombro izquierda reducida y fractura nasal izquierda.

De acuerdo a una publicación de La Tercera, en los recursos presentados ante el TC, la defensa de los uniformados asegura que en el artículo que les imputó la Fiscalía por tortura hay “una doble regulación de un mismo injusto penal (la tortura) en el ordenamiento jurídico”. 

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De este modo, piden que se declaren como inconstitucionales los cargos en su contra por el delito de tortura.

“En efecto, mientras el delito de torturas como delito de lesa humanidad de la Ley 20.357 permite a los condenados la posibilidad de optar a una pena sustitutiva de la Ley 18.216, el delito de torturas común del Código Penal, confome se desprende de la lectura del Artículo 1 de la Ley 18.216, no admite tal posibilidad“, señaló el requerimiento.

Pese a que el TC acogió la tramitación, no ha decretado ninguna medida que apunte a suspender la causa, que se encuentra en el proceso de audiencia de formalización.

Dicha instancia se realizará el próximo 26 de diciembre a las 09.30 horas y en ella además se determinarán las medidas cautelares contra los uniformados.

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