En medio de cuestionamientos sobre la responsabilidad política del denominado Caso Convenios y la reciente detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras por su participación en transferencias irregulares de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, se han revelado nuevos detalles durante esta jornada.
De acuerdo con T13, una auditoría realizada por el Ministerio de Vivienda el 20 de enero de 2023 revela problemas en las transferencias de fondos públicos a través de convenios con diversas fundaciones.
Este informe fue entregado a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, la misma que en una declaración el pasado 5 de octubre, en medio de la investigación, mencionó que el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las dificultades entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta, así como de los problemas que se estaban abordando en el programa de asentamientos precarios.
Por consiguiente, según los antecedentes revelados en la auditoría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la exsubsecretaria de dicha cartera tenía conocimiento de los hechos ocurridos, al menos en Antofagasta, entre la Seremi y Democracia Viva.
¿Qué dice el documento?
El documento contiene varias conclusiones, destacando problemas en el sistema de control interno.
Se identifica la falta de criterios definidos y ponderaciones específicas para evaluar propuestas de inversión, lo que afectaba la toma de decisiones respecto a la priorización de asentamientos y tipos de inversiones a financiar.
La auditoría señala deficiencias en la planificación de registro y control de transferencias utilizada por el Departamento de Asentamientos Precarios, dificultando un seguimiento efectivo del progreso físico y financiero de las intervenciones.
También destaca la ausencia de controles sobre la gestión de los fondos transferidos en el programa Asentamientos Precarios, lo que impide conocer el avance físico y financiero de obras comprometidas y los fondos destinados a gastos de traslado transitorio.
Además, el documento evidencia la falta de información completa y oportuna sobre la ejecución de fondos transferidos por el Estado a las fundaciones involucradas, así como la efectividad de las estrategias de intervención, en caso de existir alguna irregularidad.
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