Luego del suicidio de una estudiante de la Universidad de Los Andes, la Subsecretaría de Educación Superior comunicó que acompañarán las decisiones que esclarezcan lo ocurrido y que están a la espera de la tramitación de las modificaciones a la normativa que regula los campus clínicos “para avanzar en la erradicación del maltrato y el acoso en estos establecimientos”.
La declaración se dio luego de que la Superintendencia de Educación Superior oficiara a la Universidad de Los Andes por el fallecimiento de Catalina Cayazaya Cors, estudiante de quinto año de Terapia Ocupacional, quien se quitó la vida el pasado 16 de marzo tras denunciar presuntos malos tratos y acoso por parte de sus profesoras mientras cursaba un internado, según una denuncia de su familia.
“Estamos en conocimiento de la solicitud de información sobre este caso anunciada por la Superintendencia de Educación Superior, organismo encargado de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones de educación terciaria, y acompañaremos las decisiones que esclarezcan lo ocurrido y que ojalá eviten que vuelvan a suceder tragedias como esta”, señala el escrito.
Además, el organismo reiteró su compromiso con una educación superior “que garantice condiciones de bienestar, donde los procesos formativos se realicen en ambientes seguros y protectores, y donde la comunidad educativa contribuya a la realización de todos sus integrantes. Lamentamos la partida de Catalina Cayazaya y esperamos que prontamente se esclarezcan las circunstancias que la rodean”.
Diagnóstico sobre salud mental en universidades
De acuerdo a la Subsecretaría, el resguardo de la salud física y mental de las comunidades educativas es un “complejo desafío” y un compromiso que se ha propuesto trabajar el Gobierno.
Por eso es que junto a la Subsecretaría de Salud Pública se llevó a cabo el primer diagnóstico sobre salud mental en educación superior. En 2023 se conformó el Consejo Asesor en Salud Mental, donde participan miembros de la comunidad académica, representantes de organizaciones estudiantiles y autoridades de instituciones de educación superior.
Las recomendaciones del consejo serán anunciadas en mayo, y servirán para “orientar las políticas públicas y las prácticas institucionales en estas materias, y permitirán impulsar cambios, en el contexto del proceso de modernización de la educación superior, en los procesos formativos, a fin de impedir la vulneración de los derechos de las y los estudiantes”.
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