Agencia Uno

El fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, recibió el oficio de la Contraloría, donde se detallaban una serie de irregularidades en las gestiones de la Subsecretaría de Vivienda y de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, en relación con traspasos a seis fundaciones que superan los 1.800 millones de pesos.

Según reveló La Tercera, se trata de un oficio que recibió el fiscal la última semana de noviembre por parte de la Contraloría, en el que después de dos auditorías a las entidades se advierten serias faltas de control, deficiencias administrativas y también hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

La indagatoria se enmarca en los escándalos relacionados a traspasos de abultados montos a fundaciones en varias regiones del país. En este contexto, el fiscal explicó que ha abierto una de las últimas líneas de investigación en este caso y está revisando los documentos.

Una vez concluida esta revisión, tendrá que determinar el curso de las diligencias, las cuales podrían ampliarse para incluir la investigación de convenios suscritos por la Gobernación Regional Metropolitana.

Organizaciones involucradas

Las organizaciones apuntadas en esta nueva arista del Caso Convenios son: Fundación EnRed, Fundación Posible Otro Chile, Espacio Lúdico, Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje, Enlace Urbano ONG y Un Techo Para Chile.

La cifra en la que se ven involucradas estas seis organizaciones es de $1.822.515.316.

El informe presentado por la Contraloría destaca la falta de manuales de procedimientos que regulen el proceso de asignaciones directas de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.

Estas carencias podrían haber propiciado el favorecimiento injustificado de una entidad específica y la posibilidad de conflictos de interés o tráfico de influencias.

Carencia de metodologías para elaborar catastros

Además de la investigación por malversación de fondos, el ente contralor ha señalado que la dependencia del Ministerio de Vivienda carecía de metodologías claras para la elaboración de catastros de campamentos, registro de fundaciones, criterios para determinar el monto de proyectos y uniformidad en los procedimientos.

En esa misma línea, identificaron otras deficiencias, incluyendo la ausencia de controles eficaces para garantizar una correcta ejecución de los fondos.

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