El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso este martes en la Comisión de Seguridad Pública del Senado sobre la reforma del proyecto de ley sobre seguridad privada.
La iniciativa, ingresada en agosto de 2009, pretende mejorar las condiciones de seguridad de los guardias privados de centros comerciales o recintos con alta afluencia de público. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.
“Chile requiere una ley de seguridad privada. Este ha sido nuestro compromiso como Gobierno y, por eso, que finalmente se retome esta discusión en el Congreso es una buena noticia para Chile (…) un buen trabajo en seguridad privada, libera y potencia los recursos públicos para que, entre otras cosas, nuestras policías estén donde más se necesite”, sostuvo el subsecretario Vergara.
Vergara también indicó que es “urgente determinar y construir una institucionalidad” en este ámbito.
“Hay una clara ausencia en la regulación de los eventos y espectáculos masivos ligados a la seguridad privada. Esto, queda en manos de circulares de Delegaciones Presidenciales. Hay una ineficiencia, que incluso ha profundizado un modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas en lo público, que trabaja sobre un contingente policial finito, quienes tienen que estar dispuestos donde más se necesitan“, agregó.
En la instancia, el subsecretario aseveró que la normativa actual está desactualizada, “particularmente, frente a los avances tecnológicos. Ahí es donde la regulación se queda corta, pero tampoco tenemos que avanzar hacia una regulación muy rígida, sino que también permita márgenes de movimientos de adaptabilidad”.
Por otro lado, Vergara también dio a conocer que existe otra problemática en torno al tema; la concentración de las facultades de autorización, control y fiscalización de la seguridad privada en Carabineros de Chile.
En esa línea, el titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito indicó que “creemos que hay que evolucionar y debemos tener una institucionalidad que vaya mucho más allá, porque, por un lado, se demandan recursos públicos valiosos de las policías y, por otro, genera un colapso en los problemas naturales en el mercado, ya sea en la acreditación de guardias, la fiscalización de empresas de seguridad privada. Y creemos que ese modelo ya no da para más”.
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