El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) advirtió que frenar las órdenes de expulsión mediante recursos judiciales provoca una condición de “irregularidad perpetua” para los migrantes.
A través de un comunicado, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que durante este año más de 3.700 extranjeros con orden de expulsión han presentado recursos judiciales ante las Cortes de Apelaciones del país para dejarlas sin efecto.
En esa línea, precisó que, del total de los recursos, solo un 19 % es acogido, pero alertó que “al dejarse sin efecto la deportación, estas personas entran de inmediato en un limbo migratorio“.
Asimismo, explicó que esta situación se produce debido a que se bloquea la salida de los migrantes del territorio, pero no se les otorga un mecanismo de regularización migratoria.
“No pueden ser expulsadas del país, pero las normativas actuales tampoco permiten regularizar su situación. Al mantener un estatus irregular perpetuo, quedan atrapadas sin opciones de acceder a un trabajo formal ni a beneficios sociales“, expuso.
Argumentó lo anterior señalando que “solo este año se ha bajado literalmente del avión a 73 extranjeros que se encontraban de forma irregular en el país”.
A esto se suma que, desde el Servicio, plantearon que el proceso de judicialización también “entorpece las facultades sancionatorias del Estado” y “fomenta que un grupo significativo de personas salga del radar de fiscalización”.
“La extensión de los plazos de resolución en los tribunales de alzada —que pueden prolongarse por semanas o meses si escalan a la Corte Suprema— facilita que los afectados queden en calidad de ‘inubicables’ para las autoridades policiales”, se aseguró en el documento.
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