El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer esta jornada diferencias respecto a los dineros declarados por la polémica Fundación Democracia Viva en la campaña del Apruebo en el plebiscito de salida, y anunció el inicio de un procedimiento sancionatorio contra de la organización.
El servicio estatal había iniciado una serie de diligencias investigativas sobre la fundación y la Corporación Aprueba por Chile, tras una carta enviada al Consejo por la Transparencia por el excoordinador de la campaña del Apruebo en el plebiscito de salida, Felipe Hausser, en la que se detallaban todos los aportes recibidos durante la campaña, consignó Mega.
La misiva en cuestión dejaba en evidencia una diferencia de más de $20 millones entre la cifra que informaba Hausser y la que manejaba el Servel.
Los diputados UDI Cristian Labbé, Cristóbal Martínez, Flor Weisse, Juan Antonio Coloma y Natalia Romero solicitaron un oficio al organismo electoral que fue enviado a la Cámara Baja esta semana, el que daría cuenta de eventuales irregularidades en el cumplimiento de normas en los plazos y formas de hacer campañas electorales.
“Se detectaron hallazgos entre la contabilidad registrada y los montos declarados ante este servicio por dicha organización, donde las partidas registradas en contabilidad correspondientes a aportes ascienden a un monto superior que los aportes declarados ante este servicio“, sostiene el documento.
En esa línea, agrega que “en la revisión de los aportes recibidos, se observan aportes declarados en sistema, sin individualizar correctamente a los aportantes de esos recursos”.
“El Servel observó que en su contabilidad registraron un gasto por concepto de contratación con medios digitales por la suma de $3.570.000, sin registrar gasto por este concepto ante este servicio”, continúa respecto a los gastos realizados durante el último plebiscito.
Ante las sospechas de un uso indebido de los montos adjudicados por la organización ligada al exmilitante RD, Daniel Andrade, el documento añade que “por la señalada entidad con fines propagandísticos y electorales en favor de la diputada Catalina Pérez u otras candidaturas, es del caso señalar que, hasta la fecha, este servicio no cuenta con evidencias concretas que lo permitan determinar”.
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