Sin pronunciar ni una sola palabra y con bastante escolta. Así llegó hasta su formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz.
La caótica entrada estuvo acompañada por un cuestionado actuar de los guardias que custodiaban al exlíder de la policía. Y es que en los registros se aprecian los golpes y empujones de los hombres contra los camarógrafos y reporteros gráficos que estaban en el lugar.
Los cuestionamientos también surgen por el rol y procedencia de los escoltas, que aparentemente serían de la propia institución que Sergio Muñoz dejó de liderar hace menos de una semana. ¿Por qué Muñoz puede utilizar recursos de la PDI, pese a ya no ser parte de ella?
La respuesta está en un decreto reservado de 1998, donde se autoriza que los exdirectores generales de la PDI puedan contar con protección y seguridad de por vida, al igual que los exmandatarios.
“Facúltese a los comandantes en jefe de las FF.AA., al general director y al director general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respectivamente, para proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales los medios de protección y seguridad mencionadas, medios humanos, materiales y logísticos”, señala el escrito.
Así lo explica también el exministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma: “Es bastante obvio, sobre todo cuando están recién retirados, que cuenten con seguridad porque pueden estar muy amenazados por otras cosas”.
El documento fue precisamente firmado por Pérez Yoma, quien por ese entonces lideraba la cartera de Defensa, además del entonces presidente Eduardo Frei y el ministro del Interior, Carlos Figueroa.
Luego, en 2009, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, emitió una orden ministerial para arreglar y acotar el decreto. “Los oficiales en retiro tendrán derecho a disponer para sus servicios en forma permanente de un conductor de vehículos motorizados y de un mayordomo y/o asistente mozo, personal que deberá ser proporcionado por las respectivas instituciones”, dicta el decreto.
Sin embargo, fue dado de baja en 2018, por lo que el decreto de 1998 sigue vigente hasta la fecha, lo que ha generado diversos cuestionamientos.
A juicio del diputado independiente Álvaro Carter, “claramente cuando una persona que trabaja para el Estado es formalizada, debe perder todo beneficio. Este decreto de 1998 que le entrega beneficios de resguardo a una autoridad, se debe mantener, pero cuando la autoridad sea lo suficientemente proba, cuando cumpla sus labores”.
En esa línea, el parlamentario Andrés Giordano (ind.) dio a conocer que presentarán un oficio al Ministerio del Interior para consultar sobre qué significa en el caso de Muñoz que se mantenga el controversial decreto. “Creemos que es la oportunidad para entrar en el debate sobre el rol de las policías desde una perspectiva más estructural”, destacó.
¿Qué dijo el Gobierno?
Fue la ministra Carolina Tohá (Interior) quien respondió a los requerimientos, señalando que pese a que está reglado, eso “no justifica el actuar que tuvieron los escoltas”.
De todas maneras, el decreto se mantiene vigente e incluso continuará durante el tiempo que Sergio Muñoz esté en prisión preventiva y si posterior al término de la investigación es condenado por la justicia.
Así las cosas, si el decreto no es modificado, el exdirector de la Policía de Investigaciones mantendrá de por vida protección con recursos de la propia institución policial.
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