La senadora independiente, Fabiola Campillai, pidió desestimar los argumentos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para dejar sin efecto la demanda civil presentada por ella y su familia donde pide más de 2 mil millones de pesos como compensación por la pérdida de tres de sus sentidos causada por el impacto de una lacrimógena.
Según lo consignado por La Tercera, su abogada, María Alejandra Arriaza, aseguró que el CDE está desconociendo que “la respuesta policial en algunos casos no se ajustó a derecho”, esto en el marco del estallido social.
En esa línea, la institución replicó que “la violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad”.
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Sobre aquello, su defensa advierte que la entidad, probablemente “busque justificar el actuar de sus agentes que, en ejercicio de sus funciones, han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes (…) El contexto que sitúa la demandada es parcial y sesgado, desconoce el derecho a la manifestación y ha criminalizado la protesta social, a la vez que ha minimizado el proceso vivido en Chile”.
Por lo mismo, reiteró que en marzo del 2021 se contabilizaron más de 8 mil víctimas de violencia estatal. “Ello no se debe desconocer; existe un deber del Estado de Chile de cumplir con su obligación de establecer la verdad, hacer justicia, reparar integralmente de acuerdo a los estándares internacionales y dar garantías de no repetición”, agrega el escrito.
Respecto al monto requerido para ella y su familia, que para el CDE no está debidamente justificado, la replica establece que “no hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas; su proyecto vital y el de su familia cambió totalmente (…) nada hará que recupere los sentidos que le fueron arrebatados, ni vuelva a hacer muchas cosas de las que hacía con antelación a la agresión que sufrió”, por tanto, “nos parece que la suma solicitada se ajusta plenamente a derecho”.
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