Esta tarde, el Senado aprobó el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley.
La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención. Ahora, la medida ya se despachó del Congreso.
Tras ello, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó la aprobación de la medida, reconociendo que “había una serie de dificultades. Se presentó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue mejorado por el actual ejecutivo. Fuimos a una comisión mixta. Esa comisión mixta, por la unanimidad de sus integrantes, acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”.
¿Qué dice el proyecto?
Uno de los principales cambios de la medida es que busca facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes.
Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona y detenerla. A su vez, el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas, lo que establece un control judicial previo.
Además, el Servicio Nacional de Migraciones podrá solicitar a particulares, empresas y funcionarios públicos información para ubicar a personas en situación migratoria irregular, aunque esta facultad tendrá algunas restricciones, como la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales o respecto de menores de edad.
La iniciativa incorpora nuevas herramientas para agilizar los procedimientos migratorios, entre ellas el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, las notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.
Asimismo, modifica el período para presentar una reclamación, el cual se reducirá de diez a cinco días, y el recurso judicial ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida. Esto significa que presentar una reclamación no bastará, por sí sola, para detener el procedimiento de expulsión.
Por otra parte, el proyecto amplía las causales de expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público. También aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta que sean ejecutadas.
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