Agencia UNO

Hoy se cumplen seis años desde que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) o Ley 21.030 fue aprobada en el Congreso.

El proyecto estuvo en discusión entre 2015 y 2017, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue aprobado en 2017 para regular la despenalización de la interrupción del embarazo a causa de:

  • Riesgo vital de la persona gestante.
  • Inviabilidad fetal de carácter letal.
  • Embarazo por resultado de una violación.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “fue una larga discusión en que, sin embargo, distintos sectores lograron arribar a un acuerdo“.

“Como Gobierno no estamos disponibles para retroceder en los derechos alcanzados por las mujeres”, manifestó. 

Cifras

Desde el año 2018 a junio de este año se han constituido 4.272 casos por la Ley de Interrupción del Embarazo a nivel nacional.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, dio las cifras detalladas por causal:

• Causal 1, por riesgo vital de la madre: 1.296 casos 
• Causal 2, por feto con malformación incompatible con vida extrauterina: 2.080 casos.
• Causal 3, por violación: 896 casos.

La causal por inviabilidad fetal es la más frecuente. Desde 2018 a la fecha concentra un 48,6% de los casos.

Albagli recordó que las personas que se adscriben a la ley tienen derecho a un proceso de acompañamiento, ya sea durante el período de discernimiento o después de tomar la decisión.

Desde 2018 hasta 2023 se han realizado 19.664 atenciones de acompañamiento, lo que incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial.

Fiscalización del cumplimiento de ley

“Sabemos como Gobierno que es necesario optimizar y mejorar la aplicación de esta ley y es por eso que en marzo de este año, los ministerios de la Mujer y de Salud lazamos el Manual de Consideraciones para la Inspección Sanitaria y Pauta de Chequeo de la Ley 21.030, que busca definir y caracterizar el proceso de aplicación para velar el cumplimiento de esta ley y sus estándares”, explicó la ministra.

Desde enero de 2023, a nivel nacional se han realizado 24 fiscalizaciones, tanto en el sector público como privado, y la apertura de un sumario sanitario.

“Vamos a seguir trabajando para garantizar los derechos de las mujeres, en este caso brindar acceso a una atención médica oportuna y libre de cualquier tipo de violencia, porque creemos que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son un tema también de dignidad, de ciudadanía y de condiciones de una buena vida”, señaló la ministra Orellana.

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