El general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que está evaluando presentar acciones legales tras la publicación de un estudio, presentado por el Movimiento Salud en Resistencia, el cual reconocía la presencia de soda cáustica en el agua que usa la institución para el carro lanzaguas.

“Dispuse el estudio de todos los antecedentes y vamos a ver la posibilidad, si esto lo amerita, de presentar alguna acción legal contra quienes gratuitamente nos están imputando conductas que atentan contra la comunidad y contra nuestro país”, señaló al respecto.

Lee también: Estudio detectó presencia de soda cáustica en el agua del carro lanzaguas

Sobre este mismo asunto, la máxima autoridad uniformada hizo un llamado a la prudencia e indicó que “cuando se utilizan estudios poco rigurosos, o información no comprobada puede inducir a error“, junto con considerar que “se nos imputó una grave conducta”.

“Lamentablemente muchas personas, incluso autoridades de nuestro país que tienen influencia en la comunidad, hicieron eco de esta información que era errada. El Colegio Chileno de Químicos ya dijo que era un estudio poco riguroso“, agregó al respecto.

El general director adelantó que este miércoles entregó un estudio propio realizado por el Laboratorio de Criminalística, “donde da cuenta que estamos casi en un nivel de normalidad de los compuestos. Se nos acusa de lanzar soda cáustica y es casi agua con el disuasivo químico”.

Estas declaraciones fueron realizadas luego que Rozas participara de la entrega de 310 cámaras corporales (body cam) a la institución por parte de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, integrada por los municipios de Providencia, Santiago y Estación Central.

Lee también: Interior presentará querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra detenidos por manifestación “No+TAG”

Estas cámaras serán usadas por personal de Carabineros en los procedimientos y operativos, especialmente en el eje Alameda-Providencia.

El general Rozas detalló que estos equipos permiten subir las grabaciones automáticamente a una nube, quedando almacenadas en una central a la que tendrán acceso el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

La activación de las cámaras podrá ser de forma personal o remota y, según remarcó Rozas, “tienen la particularidad de que no se pueden intervenir o manipular por el usuario”.

Tags:

Deja tu comentario