Una compleja situación estaría enfrentando la Fundación Salvador Allende respecto a una millonaria deuda con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) que se arrastra desde 2004.
Según la información revelada por El Mercurio, todo comenzó hace 21 años con la venta directa del Palacio Heiremans a la fundación por UF 27.493, lo que equivalía a casi mil millones de pesos.
Dicho inmueble está ubicado en Avenida República 475, y actualmente es sede de la fundación y también del Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
Luego de presentar problemas de pago, en 2015 la Fundación Salvador Allende pidió pagar la deuda restante, de $566 millones, mediante cuadros tasados por US$ 800.000.
De esta forma, el acuerdo de abril de 2017 establecía la “entrega obras de arte de la colección artistas brasileños“.
Para este motivo, un documento del Serviu apunta a “las 93 obras de arte de la colección de artistas brasileños, quien las recibe a entera satisfacción y de acuerdo a inventario adjunto, en cumplimiento de la Resolución Exenta N° 1842 (…) que aprueban el contrato de dación en pago por el saldo de deuda de la venta del inmueble ubicado”.
No obstante aquello, esas obras siguen dentro de las dependencias de la fundación.
Desde el Serviu detallaron que el pago “se efectuó con la cesión de bienes muebles (cuadros), lo que se enmarca en lo recogido, pues se trataba de la deuda de una entidad cultural (Fundación Salvador Allende), la que, a su vez, actuaba en representación legal de los artistas creadores”.
Del mismo modo, detallaron que “las 92 (sic) obras con las que se efectuó el pago fueron entregadas legalmente a Serviu y, en el mismo acto, puestas en depósito a manos de la misma fundación, lo que se realizó con el fin de resguardarlas ante cualquier eventual deterioro que pudieran haber sufrido, debido a que Serviu no tiene las dependencias para dicha mantención o curaduría”.
“Durante esta administración se están realizando gestiones para que puedan ser recibidas de manera física y puestas a resguardo de alguna institución cultural que tenga relación con nuestro servicio y donde puedan ser expuestas a la comunidad”, acotaron.
Respecto a este hecho, la diputada republicana Chiara Barchiesi envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para investigar la situación.
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