Controversia causó el requerimiento del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien acudió al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la suspensión inmediata de las causas de Alto Mando y delitos de lesa humanidad durante el estallido social.
Frente a ello, resurgió nuevamente el denominado “Criterio Tohá”, que establece que aquellos funcionarios públicos que sean formalizados deben dejar sus cargos.
La misma ministra Carolina Tohá (Interior), abordó la situación, señalando enfática que “el criterio es claro, se ha dicho varias veces y no se refiere a una persona en particular, se refiere en general a cualquier situación que pueda involucrar a personas que tienen roles de autoridad o cargos importantes de confianza”.
Y que se aplicará “cualquier sea el tipo de causa de que se trate o cualquier sea el tipo de historial o cargo de la persona en cuestión”.
Sin embargo, apuntó a que el Ejecutivo está preocupado de que el desarrollo de la labor policial se haga de la mejor manera y que los temas tengan la atención y preocupación que requieren, “y en eso hasta el momento hemos podido constatar que se ha podido trabajar correctamente y mientras eso siga así vamos a mantener esa posición”.
¿Qué solicitó el general Yáñez?
En el documento presentado al TC, el mandamás de la institución policial acusó que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago “haciendo un uso abuso del derecho a través de un procedimiento irracional e injusto, está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal”.
Además, argumentó que a través de su imagen está dañando de manera “irremediable” a Carabineros.
La solicitud de formalización “contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada, y que, al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”.
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