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El conflicto entre Gendarmería y el Poder Judicial puso nuevamente en la palestra al juez Urrutia, quien ya en otras oportunidades se había visto envuelto en polémicas relacionadas con presos del estallido social y el Caso Pío Nono.
Polémica entre Gendarmería y el Poder Judicial ha causado la revelación de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, habría concedido beneficios a cuatro reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad.
Según informó Meganoticias, en enero Urrutia habría permitido videollamadas de reclusos ligados al Tren de Aragua con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.
Esta medida, aplicada en una cárcel donde se encuentran criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, fue cuestionada por Gendarmería, argumentando que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada“.
El conflicto puso en la palestra al juez Daniel Urrutia Laubreaux, cuyo nombre es conocido por episodios en los que había llamado a refundar Carabineros y se había inhabilitado voluntariamente en el caso Pío Nono, entre otros.
Daniel Urrutia nació en Santiago en el año 1974, hijo de la profesora normalista Gladys Labreaux. En 1992 egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, para luego realizar sus estudios en Derecho en la Universidad de Chile.
Según consigna Ex-Ante, su llegada al Poder Judicial fue en marzo del 2000. Trabajó en el Juzgado de Garantía de Freirina (2001), Ovalle (2003) y Coquimbo (2004), para terminar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en 2006.
Su labor se ha centrado en los derechos humanos, llegando a realizar un diplomado en dicha materia en 2004. A fines de noviembre de ese año envió a la Suprema, como trabajo final, una propuesta de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de DD.HH. durante la dictadura.
En diciembre de 2005 acusó una persecución en su contra y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, pidió un permiso sin goce de sueldo, yéndose a México, donde permaneció entre los años 2009 y 2012.
De acuerdo con Ex-Ante, en noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Estado chileno debía responder por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez.
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