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Diputados de Renovación Nacional (RN) oficiaron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, para que brinde información sobre por qué el Ministerio de Salud (Minsal) dejó sin efecto la utilización de escáneres corporales (body scan) en cárceles y centros de Servicio Nacional de Menores (Sename).

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la decisión se tomó ante los posibles efectos en la salud de las personas. Sin embargo, esto fue condenado por parlamentarios y la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech).

Pablo Jaque, presidente de la Agech, dijo que la medida del Ejecutivo les “sorprende”. “Nos parece insólito y despropósito, más teniendo en cuenta la crisis en materia de seguridad que vive nuestro país”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “es relevante el combate a los delitos que se cometen desde el interior de las unidades penales. Para ello, personal de Gendarmería requiere del uso de tecnología adecuada para evitar el ingreso de elementos prohibidos que pongan en riesgo la vida de los privados de libertad, de nuestro personal y pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía en general”.

“La decisión adoptada por las autoridades de Salud va a en sentido contrario y dan cuenta del desconocimiento que tienen de cómo funciona el sistema penitenciario”, sentenció.

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Por su parte, el diputado de RN José Miguel Castro tildó la medida como “impresentable con la ola delictiva que estamos viviendo. Si es 100 veces menos peligrosa que una radiografía, le hace más fácil la vida a los gendarmes, me parece impresentable”.

Al respecto, anunció que además ofició “a Gendarmería de Chile para que nos puedan decir directamente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y a mí como diputado, qué tanto problema o cuánto vamos a retroceder sin esta body scan”.

En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Felipe Donoso dijo que, a su juicio, “tenemos que buscar quizás la forma de mejorar la tecnología, pero esto se aplica en todos los aeropuertos del mundo y no está el mismo argumento de la Subsecretaría de Salud Pública”.

“Si sacamos los body scan de las cárceles lo único que dejamos son procedimientos mucho más vejatorios para las personas. Creo que son esenciales, son buenos y que ayudan no solo a la seguridad, sino a que no se produzcan vejámenes con los parientes, con las personas que van a visitar a los presos, que no son personas condenadas, que no han cometido delito, que no han violentado la ley, solo tienen el derecho de visitar a sus parientes y que lo hagan en condiciones dignas”, expresó.

Valoran la decisión

Pese a ello, Ignacio Cubillos, director de la ONG Leasur, valoró la decisión del Gobierno: “Aplaudo la idea de que efectivamente sea revisado. Yo creo que tenemos que ahondar más respecto de cuáles son los efectos en la salud, debe haber investigación médica, científica más acabada y quizás ver experiencia de otros países respecto de cómo se hace. Pero yo creo que es un debate que queda bien abierto”.

“En ese sentido, nosotros siempre vamos a abogar efectivamente para que las personas privadas de libertad no sufran vejámenes, no sufran violaciones a los derechos humanos”, concluyó.

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