CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
El objetivo de esta instancia será la consideración y aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
Este lunes, en la sede central de la CEPAL en Santiago, el presidente Gabriel Boric presidirá la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú.
El fin de esta instancia será la consideración y aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, el cual fue elaborado en un proceso participativo bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo ad hoc coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis.
Además, en la reunión, que se extenderá hasta el 24 de abril, también se presentarán informes de la Secretaría, Mesa Directiva, Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y hojas de ruta para la implementación nacional, y se podrá conocer cualquier otro asunto que las partes decidan.
Adicionalmente, entre el 22 y 26 de abril se realizarán otras sesiones especiales y reuniones que celebrarán el Día Internacional de la Madre Tierra y abordarán temas como la generación de información ambiental, la participación pública en procesos de evaluación ambiental, el acceso a la justicia y la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del acuerdo, entre otros.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional cuyo objetivo principal es garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Hasta el momento, este acuerdo internacional ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay).
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.