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Este domingo se llevó a cabo un nuevo proceso de expulsión de migrantes, el que no estuvo exento de polémica.

En total fueron 53 los ciudadanos venezolanos que abandonaron el país en un vuelo con destino a Caracas. De ellos, 19 lo hicieron por causas judiciales y 34 por causas administrativas.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado dijo que “hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y que van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas al tráfico de menores”.

El vuelo salió a las 10 de la mañana de este domingo y justamente que el proceso ocurriera un fin de semana alertó a las organizaciones pro migrantes.

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El Servicio Jesuita de Migrantes denunció que parte de los afectados no tuvo el debido proceso para la expulsión, que no fueron notificados y además que los recursos de amparo que presentaron en favor de estas personas no pudieron ser vistos, porque las Cortes no sesionan los fines de semana.

“Desde el Servicio Jesuita de Migrantes nosotros presentamos los recursos y las Cortes lamentablemente no sesionan en día domingo. Habría que preguntarse por qué las expulsiones son en fin de semana, cuando no se puede garantizar el debido proceso a estas personas”, aseguró Valentina Latorre, directora social del organismo.

Yosabeth tiene un hijo de 2 años y su pareja fue uno de los expulsados por causas administrativas. No se pudo acreditar el vínculo entre ellos porque cuando fue nacimiento de su hijo ya había salido de Venezuela y ella llegó tiempo después a Chile.

“Como que se les ablandó el corazón y dejaron que el niño viera al papá, pero fue muy desgarrador porque ¿cómo le explicas tú a un niño que no va a ver más a su papá?”, afirmó.

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Como ellos, de acuerdo al Servicio Jesuita hay al menos otros 3 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron separados de sus padres.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que “esta situación manifiesta de manera evidente el incumplimiento y la infracción de parte del Ministerio del Interior de y de la Seguridad Pública de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con su derecho de vivir en familia y con aquello que se relaciona con la reunificación familiar”.

En el Gobierno insisten en que el proceso se ajustó al Derecho, que las notificaciones fueron enviadas con tiempo, una incluso hace 18 meses, y que aún cuando la ONU recomendó no seguir con esta práctica de expulsiones masivas, procesos como el de hoy se van a repetir.

De los 15 vuelos de deportación programados para el año 2021, este recién es el segundo. “La recomendación fue no hacer expulsiones colectivas, y Chile no hace expulsiones colectivas. El número creo que es irrelevante”, aseguró Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior.

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Según cifras del Servicio Jesuita Migrante, en 2018 se expulsó a 43 venezolanos, mientras que en 2020 fueron 2.231 personas, 97% de ellos por causas administrativas.

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