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El Gobierno, junto a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), lanzaron un plan de fiscalización para evitar la venta de licencias médicas en Chile.

La iniciativa contempla fortalecer las fiscalizaciones y las sanciones para quienes cometan este tipo de ilícitos, donde la mayoría son por enfermedades respiratorias y salud mental. Esto perjudica el pago de licencias reales.

De hecho, en la actualidad hay 32 mil personas esperando el pago de licencias.

¿En qué consiste el plan?

  • Desarrollo de un nuevo sistema de información para facilitar el trabajo del Compin a lo largo de todo el progreso.
  • Mejoramiento de los modelos de detección de fraude y de revisión de los listados profesionales a fiscalizar, añadiendo doble chequeos y criterios objetivos relativos al fraude y mal uso de la licencia médica.
  • Automatizar la generación de notificaciones, multas y otros trámites administrativos que antes eran costosos y lentos.

Un prestador emitió más 11 mil licencias

Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, explicó que “un médico de práctica habitual emite menos de 400 licencias médicas al año. Eso implica emitir entre una y cinco licencias médicas al día (…). En contraste, cuando hablamos de prestadores que están presuntamente involucrados en una venta de licencias médicas, estamos hablando de situaciones como las mencionadas”.

Incluso, “tenemos un caso real de un prestador que emitió 11.876 licencias médicas en 12 meses”, agregó.

Las autoridades estiman que actualmente hay 41 médicos (0,1%) que podrían estar comercializando licencias médicas falsas, es decir, habría más de 5.000 licencias médicas falsas en circulación.

“Este nuevo modelo que estamos piloteando y ya sistematizando en la Región Metropolitana va a ser desplegado en el primer semestre a todas las regiones del país”, indicó Javier Errázuriz, director del Compin.

Alcances de la propuesta del plan

  • Protección de fiscalizar a 450 prestadores, duplicando lo realizado en 2021.
  • Rediseño de los procesos de fiscalización: notificación, revisión de antecedentes, entre otros.
  • Expandir la dotación de funcionarios dedicados exclusivamente a la fiscalización de grandes emisores.
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