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Más de 200 indicaciones ha recibido el proyecto de Ley de Identidad de Género desde que el 7 de mayo de 2013 fue presentado por los senadores Lily Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier.

En más de 5 años, la iniciativa ha pasado por todas las trabas burocráticas del Congreso. Y la Comisión Mixta no fue la excepción.

En la instancia, donde actualmente se discute el proyecto, se estableció por unanimidad que las personas casadas deberán disolver su matrimonio si una de las partes quiere cambiar su nombre y sexo registral. Se establece además que las causas serán tramitadas a través de un tribunal de familia.

Es decir, las personas que tengan un vínculo matrimonial y realicen el trámite legal, tendrán como efecto la disolución del matrimonio, aún contra la voluntad de la pareja.

“Con esta medida hay además una invasión ilegítima a la vida privada de las personas, pues se las obligará a terminar con la unión matrimonial aunque cuando deseen seguir casadas. Estimamos que esta medida violenta la Constitución y no descartamos recurrir a la Contraloría General de la República o al Tribunal Constitucional”, reacciónó al respecto el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

Del mismo modo, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, Para el presidente ejecutivo de Iguales, apuntó que la decisión de los parlamentarios vulnera los derechos de las personas trans. “Esta decisión es lamentable, porque significa que cuando una persona trans recupere su identidad a través del reconocimiento de su género, perderá su identidad familiar a través de la terminación de su matrimonio, aún contra la voluntad de la pareja. Con esto, se vuelve a vulnerar la identidad de las personas”, señaló.

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