ARCHIVO / AGENCIA UNO

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó que el presidente Gabriel Boric tenga responsabilidad en la entrega de pensiones del Estado a personas con antecedentes penales.

¿Qué pasó?

Durante el miércoles, se llevó a cabo la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.

En la instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló el número de beneficios otorgados y reveló que cerca del 10% de quienes han recibido estos beneficios contaban con antecedentes penales.

Al respecto, el ministro de Justicia precisó este jueves que, “como ustedes bien saben, la tramitación de las pensiones de gracia corresponde a la Subsecretaría del Interior. A ellos les ha correspondido, en el contexto de la comisión investigadora, aclarar el punto y el detalle del procedimiento corresponde que sea explicitado por el subsecretario del Interior”.

En ese sentido, el secretario de Estado indicó que los detalles del procedimiento, la forma en que se conforman los expedientes, los requerimientos que se realizan de antecedentes, “creo que es conveniente que sea el subsecretario del Interior quien se refiera“.

Sin embargo, “la manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto, el presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la Subsecretaría del Interior”.

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