(EFE) – Cientos de mujeres se concentraron este jueves en el centro de Santiago para realizar un “pañuelazo” en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, hito en el que se enfatizó la defensa a la ley de interrupción del embarazo en el país sudamericano frente a enmiendas aprobadas por la derecha en el Consejo Constitucional que, en caso de establecerse en la carta fundamental, pondrían en riesgo la norma.
“No al fraude constitucional, con la derecha no vamos a transar”, gritaron las asistentes al Paseo Bulnes, ubicado frente al palacio presidencial de La Moneda, en la capital chilena.
Tanto autoridades del Ejecutivo como diversas organizaciones sociales y coordinadoras feministas han puesto alertado los “riesgos” de la actual propuesta constitucional que se trabaja en el órgano redactor, controlado por partidos de derecha y cuyo actor más influyente es el ultraderechista Partido Republicano (PR).
En distintas ocasiones, la formación del PR ha reafirmado su voluntad de derogar la ley de aborto que actualmente está vigente en Chile. Desde ahí, ejerciendo su mayoría, la colectividad impulsó en la propuesta constitucional una frase que preocupó a las agrupaciones feministas.
En el texto, se estableció que “la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”, reemplazando la frase “del que está por nacer”.
“Manifestamos nuestro rechazo a las distintas propuestas, como la ingresada por el Partido Republicano, porque consideramos que derogar las tres causales sería un grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como Gobierno no estamos disponibles para retroceder en el derecho de las mujeres y niñas”, señaló a mediados de mes la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana.
La ley de aborto en Chile permite interrumpir el embarazo en tres causales específicas: en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, aunque no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación a nivel nacional.
De acuerdo a las cifras entregadas el Ministerio de Salud, desde el año 2018 a junio de este año se han registrado 4.272 casos por la Ley de Interrupción del Embarazo en el país sudamericano, de los cuales 1.296 han sido por riesgo vital de la madre, 2.080 por inviabilidad fetal y 896 por violación.
Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.
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