La polémica tras la decisión del juez Daniel Urrutia, quien otorgó beneficios de visita y videollamadas a reos de la Cárcel de Alta Seguridad está lejos de terminar. Incluso, desde Gendarmería apelaron a que la decisión “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”, mientras que el Gobierno ha remarcado que el acto es “ilegal”.
Sin embargo, algunas organizaciones penales han salido a defender a Urrutia, argumentando que su decisión “se ajusta al derecho” y a las normas internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo a lo expresado por la Asociación Pensamiento Penal Chile el 18 de febrero.
En tanto, este miércoles el Comité Panamericano de juezas y jueces por los derechos sociales y la Doctrina Franciscana -creado por el Papa Francisco– enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, en la que acusan que el magistrado ha sido objeto de una “campaña de hostigamiento”.
De acuerdo al comité, el juez “ha sido y es objeto de una campaña de hostigamiento con motivo de una decisión judicial adoptada en el marco de sus competencias”.
En esa línea, afirman que la amenaza personal, el escarnio público y la persecución mediática “no lucen como mecanismos idóneos para un buen funcionamiento de las instituciones republicanas. La independencia del Poder Judicial y su autonomía van de la mano con políticas de respeto y preservación de la dignidad de las magistradas y magistrados”.
“Rogamos que haga todo lo que esté a su alcance para evitar la prosecución de situaciones como las descritas”, concluyen.
El documento es firmado por el presidente del Comité, Roberto Gallardo; la vicepresidenta, Ana Algorta, el secretario, Gustavo Moreno, y las vocales María Figueredo, Janet Lourdes y Tamila Ipema.
Urrutia es vocal de la junta directiva de dicha entidad, y fue nombrado en ese cargo por el sumo pontífice en agosto de 2023.
Asociación Pensamiento Penal apela a presunción de inocencia
El organismo fue enfático en señalar que una vista carcelaria, ya sea ejercida de manera presencial o a través de videollamada, “es un derecho que asiste a toda persona sujeta de privación de libertad”.
Además, remarcan que una persona imputada por un delito es asistida por la presunción de inocencia, es decir, “se le entiende como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra”.
“La decisión judicial del magistrado Urrutia es una resolución que se ajusta a derecho, no solo a la norma internacional, sino que también a aquellos cuerpos de normas internacionales en materia de derechos humanos, todos los cuales se encuentran vigentes y ratificados por nuestro país”, afirman.
Por ello, Pensamiento Penal expresa su preocupación por el “intervencionismo político” que ha derivado de la resolución.
Además, acusan que es “inconstitucional” que el Ejecutivo haga declaraciones públicas “dando cuenta de su disconformidad con un acto judicial emanado válidamente por otro poder del Estado”.
“Hacemos un llamado a la autoridad gubernamental a moderar sus ímpetus y a no caer en prácticas populistas y electorales para mejorar su posición en las encuestas”.
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