Los parlamentarios René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Ángel Calisto oficiaron a la Fiscalía Regional de Aysén solicitando que se inicie una investigación sobre la Fundación Democracia Viva, la cual tiene una vinculación con la Universidad de Aysén.
Según publicó Meganoticias, los diputados iniciaron una indagatoria con el objetivo de identificar si la casa de estudios transfirió dinero a la Fundación Democracia Viva, ya sea a través de “pagos de honorarios, gastos de traslado y estadía u otros gastos a trabajadores o a su representante legal, Daniel Andrade”.
Este oficio se debió debido a que Democracia Viva colaboró en la tercera escuela de verano organizada por la sede universitaria en enero de 2022. Durante este evento, se llevaron a cabo actividades dirigidas a niños, como talleres, cabildos y un evento de cierre denominado “Festival de un nuevo Chile”.
Otro antecedente es que Daniel Andrade acompañó a la rectora Natacha Pino a participar en la Comisión de Descentralización, Justicia y Equidad Territorial de la extinta Convención Constitucional.
“Hicieron estas adjudicaciones de diferentes tipos de proyectos sin licitación Pública, sino de forma directa. Creemos que esto toma ribetes casi delincuenciales”, señaló el diputado Alinco.
Además, en el oficio, los parlamentarios solicitaron una investigación a la Gobernación Regional de Aysén por el contrato que se realizó en abril de este año con la Fundación Procultura para el proyecto “Apoyo a familias de zonas de la Provincia de los Glaciares”.
Fundación Procultura y vínculos con RD
Por otra parte, la Seremi de Vivienda de Antofagasta transfirió $500 millones a Procultura en octubre del año pasado para una intervención socioterritorial en beneficio de familias de asentamientos precarios. Cabe mencionar que Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la fundación, ha realizado diversas publicaciones en redes sociales mostrando su apoyo a la Revolución Democrática.
Esta fundación arrendó una casta en el centro de Antofagasta durante 16 meses, pagando $54 millones por adelantado. “Resulta del todo dudoso quién es el propietario, puesto que a la fecha se ha negado a entregar el contrato matriz”, afirmó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, Carla Olivares.
En contraste, Alberto Larraín dijo que el contrato fue entregado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero no puede proporcionar más información sobre el arriendo para “no perjudicar a la persona” con la cual tienen el contrato inmobiliario. Además, la fundación señaló que el contrato se encuentra en proceso de revisión por parte del Minvu y que aún no se ha aprobado el pago en la rendición del proyecto, por lo que aún no se ha imputado al convenio.
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