Tras los destrozos que sufrieron este viernes estaciones de Metro a manos de estudiantes, la Bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional decidió oficiar al presidente de la empresa estatal para que tome acciones judiciales y se proceda en contra de los padres de los menores de edad.
Además de Guillermo Muñoz, también oficiaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que investigue los hechos ocurridos.
El jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, señaló que “a todos los que creen que destruir infraestructura pública es gratis, se les debe perseguir de acuerdo a su edad, y en el caso de que corresponda, los padres deberán responder. Los chilenos no podemos seguir respondiendo con nuestros impuestos”.
Por su parte, el diputado Mauro González, sostuvo que “ya está bueno de permitir esta destrucción de bienes y que luego nadie se haga responsable. Si los estudiantes creen que su edad les permite destruir sin consecuencias, pues tendrán sus padres que hacerse cargo, algo que es perfectamente posible según nuestra ley”.
Debido a la importancia del servicio, es que los parlamentarios de RN exigen al presidente de Metro, así como a su gerente general, Felipe Bravo, “deducir las acciones judiciales para perseguir la responsabilidad penal de aquellos adultos y adolescentes que cometieren delitos en contra de la infraestructura, trabajadores o usuarios del Metro, pero también aquellas conducentes a obtener la reparación por los daños causados”.
Respecto a este último punto, afirmaron que “la legislación civil contempla la obligación de los padres de responder por los hechos que cometieren sus hijos o menores de edad bajo su cuidado y que ocasionaren un daño injustificado, tal como ocurre con los niños y adolescentes que resuelven atacar las estaciones del Metro de manera irracional”.
En otro oficio, la bancada de RN le recordó a la ministra Tohá que la Ley de Seguridad del Estado le entrega a la cartera “el monopolio de la acción penal para perseguir la responsabilidad penal de quienes cometieren estos hechos de concurrencia de las circunstancias que los califican como especialmente lesivos de la Seguridad Interior y el Orden Público”.
La diputada Marcia Raphael, subjefa de la bancada RN, manifestó que “acá hay delitos que se deben perseguir sin lugar a dudas, y el gobierno debe evaluar, dependiendo de la magnitud de los daños y paralización del servicio, si corresponde deducir querellas por ley de seguridad”.
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