Una mujer que se sometió a dos tratamientos de esterilización en el Hospital Penco-Lirquén denunció al Servicio de Salud de Talcahuano tras quedar embarazada en dos ocasiones.
María José Vega, de 33 años, decidió solicitar una esterilización en 2018 en el Cesfam de su comuna, ya que por motivos personales no quería tener más hijos. En ese proceso, fue derivada hasta el recinto hospitalario, donde tras múltiples exámenes le diagnosticaron intolerancia a los métodos conceptivos hormonales y resistencia a la insulina.
En 2019, la mujer fue intervenida en el Hospital Penco-Lirquén por el médico ginecólogo de iniciales J.D.B., quien le realizó una ligadura de trompas por vía laparoscópica, procedimiento calificado como “exitoso”.
De acuerdo a lo relatado por la mujer a Radio Biobío, le explicaron que se trataba de una operación poco invasiva, que requería anestesia general y una abstinencia sexual de 50 días. Asimismo, denunció que en ningún momento le dijeron que existía un porcentaje de fallo y que el médico le aseguró que era una operación irreversible.
“A mí en el hospital nunca me dijeron que había un porcentaje alto de que pudiera fallar la operación, o que no sé, que la operación se podía revertir, nada. A mí el médico me dijo, tienes que pensarlo bien porque esto es irreversible“, dijo la mujer al consignado medio.
Sin embargo, en julio de 2020, se enteró de que estaba embarazada de gemelos, lo que suponía un riesgo para su salud y la obligaba a someterse a controles periódicos.
Tras exigir respuestas, su médico no supo entregarle una explicación. A pesar de ello, decidió seguir adelante con el embarazo.
Embarazo gemelar y aborto
En octubre de 2020, la mujer se realizó una ecografía, la que arrojó que no existía la presencia de feto. En el mismo mes le tomaron otra ecografía cuyos resultados mostraron un embarazo gemelar, pero aún sin la presencia fetal.
Tras la cadena de sucesos, la mujer acudió al Hospital Penco-Lirquén al presentar un sangrado leve. Sin embargo, desde el centro asistencial le dijeron que no era un signo de alerta y la devolvieron a su hogar.
Al día siguiente, volvió al mismo centro asistencial con una hemorragia por aborto retenido. Luego de su pérdida, María José Vega relató lo sucedido a su médico, quien le explicó que el medicamento Metformina que estaba tomando era el que la había fertilizado nuevamente.
En ese contexto, el médico le mencionó un nuevo tratamiento de esterilización al que ella accedió. Mientras se encontraba a la espera de un quirófano para el procedimiento, el profesional le recetó el anticonceptivo Acotol. La mujer le recordó que era intolerante a ese tipo de tratamientos, pero el médico afirmó que el “riesgo de embarazo era muy escaso, casi nulo“.
Nuevo embarazo
Luego de meses de tomar las pastillas anticonceptivas, en septiembre de 2021, la mujer se enteró nuevamente que se encontraba embarazada. “Cuando ya se confirmó el tema del embarazo, me ingresaron a un programa de embarazo no deseado, de planificación familiar, por las circunstancias que se me había dado el embarazo. Al médico nunca más lo volví a ver. Me citaron a una sola ecografía al Hospital de Lirquén, que fue para como para verificar que yo estaba embarazada, con el Jefe de Ginecología del Hospital”, detalló María José.
Finalmente, y tras dar a luz a un niño, la mujer se sometió a una salpingectomía, intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de las trompas de Falopio.
Luego de sus problemas físicos, psicológicos e incluso familiares, María José decidió demandar al Servicio de Salud de Talcahuano. Esto en el marco de una demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral y daño material que tramita el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano.
Millonaria indemnización
El abogado de María José, Gonzalo Fuentealba Galloso, explicó al consignado medio que “se ha demostrado en la literatura clínica que el embarazo no planificado, o no deseado, para la mujer es tremendamente violento; dado que ella experimenta serie de situaciones que son muy complejas, desde el rechazo del futuro hijo, desde la rabia, impotencia. Es decir, emocionalmente la mujer queda muy afectada, muy perturbada por este tipo de experiencias”.
Por su parte, Adolfo Ortega, también abogado de la mujer, detalló que el monto de la indemnización, presentes en la demanda contra el Servicio de Salud de Talcahuano, asciende a 268 millones de pesos.
La cifra contempla “el costo de mantención, gastos de vida, salud, educación, vivienda, alimentación y demás relacionados de su hijo, por el que comparece la madre demandante”.
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