Este viernes la empresa constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) anunció su quiebra producto a la alza de precios de los materiales y una deuda que asciende a los $58 mil millones, según publicó Emol.
Esto conllevó que 30 obras quedarán paralizadas, entre ellas destacan el Hospital de Curacautín, el puente Bicentenario sobre el Bío Bío en el Gran Concepción, y un by pass en Los Lagos. Además, 2.500 trabajadores serán despedidos.
Tras estos acontecimientos el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, destacó que “es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral”.
La empresa (CVV) tiene 65 años de historia y ha encabezado la construcción del Centro Cultural Gabriela Mistral y el estadio de Playa Ancha. Actualmente, mantiene contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), en un comunicado la constructora informó que los motivos de quiebra se deben a los “problemas estructurales de la industria de la construcción” y a la “burocracia de los mandantes públicos para gestionar los pagos”.
Según las declaraciones de la empresa CVV, solicitó al MOP reajustar sus contratos y respondió tardíamente. Tras esto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, desmintió en Radio Bío-Bío la responsabilidad en la quiebra de la constructora e informó que a la fecha mantienen 10 contratos vigentes, y en el presente solo quedan tres obras pendientes por terminar.
“Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. En los últimos meses,se realizaron pagos por más de 8 mil millones de pesos”, informó el ministro García.
El ministro García agregó que existen empresas que han buscado soluciones para terminar las obras, pero “hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión”.
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