Agencia Uno

Hasta dependencias del Ministerio de Vivienda, en Serrano 15, Santiago, llegaron una serie de personas para demostrar su apoyo al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esto, en medio de las críticas de la oposición y los cuestionamientos que han surgido en su contra, ya que es el líder de la cartera que está siendo investigada por el Ministerio Público, debido a los millonarios contratos de transferencias entre dicha repartición y organizaciones sin fines de lucro.

“La verdad es que me emociona mucho verlos a todos acá, me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo”, comenzó diciendo a comités habitacionales de Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, Estación Central, El Bosque, San Bernardo, Valparaíso y San Miguel.

La autoridad habló sobre la polémica del Caso Convenios, señalando que lo ocurrido con la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta fueron actos “de un grupo corrupto, en definitiva, un grupo que recae en la corrupción y tenemos que reconocerlo, porque así fue”.

“Yo quiero decirles con mucha claridad que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas, porque hay gente que no está trabajando bien. Y a la gente que no está trabajando bien le estamos exigiendo y nos estamos reorganizando“, aseveró.

Montes, además, señaló que comparten una “causa común” desde el Gobierno: “Hay 127 mil viviendas que están ejecutándose en todas partes de Chile, tenemos 78 mil viviendas que están listas para iniciarse, o muy cerca de iniciarse. Todo eso suma 291 mil viviendas”.

Eventual acusación constitucional

El ministro también tuvo palabras para la eventual acusación constitucional que podría presentarse en su contra: “No sé si va haber acusación constitucional o no, no tengo idea”.

Sin embargo, puntualizó en que “cualquiera de estas cosas va a ayudar por lo menos a que se sepa la verdad y no todas las mentiras que salen a cada rato”.

Las acusaciones constitucionales normalmente las hacen para desgastar un gobierno, o las hacen para debilitar la capacidad de acción de un gobierno. Además, las hacen para anular la capacidad de acción política de una persona determinada por cinco años”, complementó.

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