El ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, afirmó que la situación de los indultos presidenciales otorgados por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, “han afectado al Gobierno”.
¿Qué pasó?
El pasado 14 de diciembre, las autoridades detuvieron en Copiapó a Luis Castillo, persona que recibió el beneficio tras ser capturado por hechos ocurridos durante el estallido social. Luego, fue formalizado por el Ministerio Público por secuestro extorsivo y robo con retención de personas.
En la instancia, la justicia determinó que Castillo cumpla la medida cautelar de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Su captura ha causado polémica en el mundo político y la opinión pública, debido a la reincidencia del imputado.
¿Qué dijo Monsalve?
En entrevista con Tele13 Radio, el titular subrogante del Interior dijo la situación, “es evidente que ha afectado al Gobierno, pero son decisiones políticas complejas”.
En ese sentido, indicó que dichas determinaciones se tomaron, el Ejecutivo asumió las consecuencias de aquello, “y eso ha alterado en nada la determinación del presidente de la República, y la determinación del Gobierno, de entender que la seguridad es un derecho que el Gobierno tiene la obligación de garantizar y que requiere políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país”.
Monsalve también se refirió a la polémica que ha encabezado la pensión de gracia que recibió Luis Fuica, una de las personas que recibió el beneficio destinado para víctimas del estallido social, por haber sido lesionado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con perdigones en el cuello de una “mediana gravedad”, y que ese mismo día fue detenido, y posteriormente condenado, por saquear un supermercado.
Al respecto, recordó que la primera semana de enero presentarán dos indicaciones a mociones parlamentarias para revertir y perfeccionar la normativa de pensiones de gracia.
“Nunca fue requisito pedir los antecedentes penales, eso es lo que explica que el gobierno del expresidente Piñera entregara 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales y el gobierno del presidente, Gabriel Boric, hiciera lo mismo porque no estaban los requisitos, ninguna autoridad pedía los antecedentes penales”, afirmó.
De este modo, el ministro (s) sostuvo que, como Ejecutivo, piensa que estos antecedentes hay pedirlos, por lo que “vamos a presentar una indicación para que la ley establezca esa obligación”.
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