La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta se refirió a las declaraciones del exseremi Carlos Contreras, quien negó “tajantemente” haber cometido delitos de fraude al Fisco en el marco de las indagatorias por el caso Democracia Viva.
De acuerdo a Contreras, la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), “derivó en la interpretación sesgada de algunos documentos y correos“.
Al respecto, desde el organismo señalaron que “no comentamos las declaraciones del exseremi, en el entendido de que estas se presentan en el contexto de una instancia judicializada”.
En esa línea, remarcan que “nos representa en esta causa el Consejo de Defensa del Estado, organismo que interpuso una demanda en contra de la Fundación Democracia Viva, solicitando la restitución de los $391.768.516 que adeuda al fisco de Chile, y una querella contra los responsables por el delito de fraude al Fisco”.
“En ese marco, como Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, hemos colaborado proactivamente con el CDE, entregando todos los antecedentes necesarios, al igual que lo hemos hecho en las investigaciones del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República“, agregaron.
¿Qué dijo Contreras?
A través de una declaración pública, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, negó “tajantemente” haber cometido delitos de fraude al Fisco en el marco de las indagatorias por el caso Democracia Viva.
“En la querella se omite que la responsabilidad en la gestión no era de una sola persona, ya que existen otras entidades involucradas en la validación técnica antes de la firma de los convenios, como lo es principalmente SERVIU. Se hacen aseveraciones que faltan a la verdad y que además no tienen lógica porque sin la aprobación de las jefas regional y nacional de Asentamientos Precarios más la firma de la directora de Serviu, que participaban también en todo esto, no podría realizarse el convenio“, agregó.
Además, según la exautoridad “se indica erróneamente que hay más de 391 millones como perjuicio fiscal, siendo que es de público conocimiento que esos dineros no se gastaron“.
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