El ministerio sostuvo que la medida sí cuenta con respaldo constitucional y busca dar cumplimiento al fallo judicial de desalojo. Además, llamó a “evitar la polarización” en medio de las tensiones con diputados de RN, quienes pidieron a Contraloría revisar la legalidad del proceso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo defendió la legalidad y el objetivo de la expropiación de parte del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio, luego de que diputados de Renovación Nacional ingresaran un requerimiento a la Contraloría para revisar la decisión del Gobierno.
Según los datos del propio Minvu, el proceso considera la adquisición de 100 de las 215 hectáreas del predio, por un monto cercano a los $11 mil millones. La medida generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que acusó un eventual intento por evitar el desalojo ordenado por los tribunales.
A través de una declaración pública, el ministerio recalcó su “total respeto del uso de la institucionalidad” y sostuvo que la potestad de expropiar está establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.
“La expropiación debe estar autorizada por ley general o particular. Esta autorización implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación”, señaló el organismo.
El Minvu afirmó que la situación del campamento Cerro Centinela constituye “una urgente necesidad habitacional” que afecta a más de once mil personas inscritas en su catastro oficial de 2024 y que la legislación vigente consagra una “causal de utilidad pública general” que habilita al Serviu para ejecutar la medida.
El ministerio negó las versiones que apuntan a que la expropiación intenta impedir el cumplimiento del desalojo dispuesto por la justicia.
“La expropiación no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, sino que su objetivo es implementar programas habitacionales del Minvu. Forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia”, sostuvo el organismo.
Además, el Gobierno aseguró que presentó “en tiempo y forma” un plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que la expropiación corresponde solo a una parte del terreno, por lo que el retiro de las familias deberá ejecutarse en la zona no expropiada.
En la misma declaración, el Minvu pidió “evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”, aludiendo al debate político que se abrió tras la decisión.
“El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para cumplir el fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional”, afirmó el ministerio.
La Contraloría deberá ahora revisar el requerimiento presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, quienes cuestionan la proporcionalidad y oportunidad de la expropiación en el contexto del proceso judicial en curso.
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