La Corte Suprema declinó asistir a la Comisión Investigadora en el marco del denominado “Caso Hermosilla“, en que se investiga al abogado Luis Hermosilla y el presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de obtener información privilegiada en favor del empresario Daniel Sauer.
A través de un comunicado, el máximo tribunal expresó que “no es posible acceder a la invitación cursada al señor presidente, toda vez que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados, como tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo a la Constitución le corresponde fiscalizar”.
La resolución fue firmada por los 14 ministros y ministras de la Suprema.
La invitación al tribunal se realizó luego de que Ciper Chile revelara las eventuales influencias que Hermosilla tuvo en la designación de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esto se supo luego del informe pericial al teléfono del magistrado, en el que se encontraron conversaciones con ministros, jueces y miembros de Gobierno, y en las que se dieron a conocer sus influencias a la hora de nombrar a los ministros.
Frente a la decisión, el presidente de la Comisión Investigadora, Daniel Manouchehri (PS), recalcó que “el tema de fondo no solo es el mecanismo de designación de los jueces, sino el lobby de abogados como Hermosilla en su nombramiento”.
Poder Judicial reitera llamado a revisar sistema de nombramiento de jueces
Este martes, además, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, comunicó que el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, señaló que están conscientes de que el sistema constitucional “podría permitir algunos espacios de opacidad”. Por ello, el tribunal “ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”.
El secretario también comentó que el Poder Judicial continuará “ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”.
Con todo, desde el máximo tribunal reiteraron que se necesita “revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura”.
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