Ministro Rabat tras rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales: “Es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó este miércoles las razones por las que el Gobierno firmó 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Durante esta jornada, se reveló que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos para rebajar las penas de individuos condenados por delitos sexuales contra menores. Del total de beneficiados, 27 cumplen condena por abuso sexual y 29 por violación, según consignó Interferencia.

Las peticiones fueron evaluadas por la Comisión de Reducción de Condenas, verificadas por la Seremi y estudiadas por la División de Reinserción Social; tras ello, fueron aprobadas directamente por el Ministerio “por orden del presidente de la República”. En otras palabras, las rebajas no fueron ordenadas por la vía judicial.

De esta forma, los decretos fueron firmados entre el 11 de marzo de 2026, día en que asumió el gobierno de José Antonio Kast, y el 13 de septiembre de este año. De acuerdo con el medio antes citado, solo una solicitud fue rechazada por la cartera.

“Es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”

Al ser consultado por los 56 decretos, el titular de Justicia confirmó su existencia y expuso los argumentos detrás de su firma.

“A partir del año 2022, se modificó la ley y se prohibieron beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas“, precisó.

En esa línea, remarcó que “lo que hizo el Ministerio —incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos“.

Ante el cuestionamiento por la firma del presidente José Antonio Kast en las rebajas de condena, Rabat explicó que se trata de un mero trámite administrativo para acatar un fallo judicial.

“Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se les otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de él“, puntualizó.

Reiteró que el hecho no es “nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”.