Esta tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto del Gobierno que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), apuntando a la cantidad de querellas presentadas por la entidad durante el estallido social y a los resultados que, según dijo, han tenido esas acciones judiciales.
El secretario de Estado sostuvo que el organismo interpuso 3.263 querellas criminales durante el estallido social, de las cuales “solamente han tenido algún destino 68“. De esta cifra, cuestionó que el Instituto mantenga la facultad de ejercer acciones penales, una de las modificaciones que introduciría el Ejecutivo.
“No cabe ninguna duda que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal“, dijo Rabat, quien agregó que el Ministerio Público es el organismo autónomo y correspondiente a ejercer acciones penales en el país.
El secretario de Estado recordó que la facultad de presentar querellas no formaba parte del proyecto original cuando se creó el INDH. Según dijo, esta atribución fue objeto de discusión durante la tramitación legislativa y terminó incorporándose tras un veto de la entonces mandataria Michelle Bachelet.
¿Cuál es la medida del Gobierno?
Una de las principales modificaciones es que reduce de 11 a tan solo cinco el número de integrantes del Consejo del INDH y limita sus períodos a cuatro años, con la posibilidad de una nueva designación por solo una vez.
Además, establece un sistema de nombramientos que combine la participación de los poderes públicos y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el pluralismo y la representatividad de la entidad.
Otro de los cambios relevantes es que elimina su atribución para interponer querellas criminales y la reemplaza por la posibilidad de denunciar ante los organismos correspondientes.
Pero mantiene sus facultades para presentar recursos de protección y amparo, también incorpora expresamente la posibilidad de actuar como amicus curiae, mediante informes especializados ante los tribunales.
Otro cambio es que se crea el cargo de director ejecutivo, el que será responsable de la gestión administrativa y operativa del ente, y este será seleccioado mediante un concurso por Alta Dirección Pública.
En cuanto a materia de transparencia, la propuesta establece contenidos mínimos para el informe anual, el cual deberá incluir las actividades realizadas, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado, el nivel de cumplimiento de estas y la ejecución de cuentas.
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