El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al inédito caso de amenazas de sicariato en contra de un juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto por parte de la organización criminal Tren de Aragua.
En diálogo con Radio Universo, el secretario de Estado abordó el caso del juez amenazado, afirmando que “es de la mayor gravedad” y reconoció que “los jueces ya se encontraban con protección“.
“Los antecedentes que se han revelado demuestran no solo la gravedad de los hechos, sino que los esfuerzos redoblados que todos tenemos que adoptar por la protección de todos los que intervienen en el sistema de enjuiciamiento criminal”, expresó.
En esa línea, agregó que “para ser bien claros, el hecho es muy grave, pero además es un indicador muy serio, porque lo que uno tiene que evitar en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho fuerte es que quienes intervienen en el sistema de justicia y particularmente los jueces se vean amedrentados, amenazados en sus decisiones“.
Asimismo, señaló que “para eso es obligación del Estado darles la protección debida para el ejercicio de sus funciones. Cuando el crimen organizado puede afectar esa función, entonces la vulnerabilidad de la sociedad puede ser extremadamente grave y por eso es una situación preocupante”.
“De los antecedentes que yo tengo y que se refieren a los requerimientos de protección para los jueces, están focalizados y yo por razones obvias no puedo revelar esa situación, pero es más de un caso distinto al que se conoció respecto a la formalización”, puntualizó.
Además, añadió que “este es un llamado de atención grave para todo el mundo. Estamos a tiempo. Pero cruzar ese umbral de que el día de mañana (contra) un juez, un fiscal, un abogado defensor, se atente contra su vida respecto a la participación de un juicio que comprometa al crimen organizado, es cruzar una frontera de la cual es muy difícil volver“.
“Por eso hacer todos los esfuerzos por realizar esas investigaciones y reaccionar drásticamente es central. En esto no puede haber ambigüedades, porque cruzar esa frontera puede hacer irreversible la situación del funcionamiento del sistema de Justicia”, zanjó.
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