Ante las críticas por el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, el Gobierno insistió en asegurar que está a favor de la normativa en su mayoría, pero que se deben hacer ajustes en relación con la denominada “defensa privilegiada“.
Desde la perspectiva del Gobierno, la autotutela o “mano propia” solo fomentaría una mayor violencia entre la ciudadanía y lo referido a las ocupaciones.
“Estamos apoyando el proyecto de usurpaciones porque consideramos que hay que actualizar esa norma (…) lo que no estamos compartiendo es, a nuestro juicio, una aberración jurídica“, sostuvo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
En esa línea, la secretaria de Estado añadió que la autotutela “está vulnerando el Estado de Derecho e instala una especie lógica de la ley del más fuerte, o sea, que legamente habilita que las personas terminen usando armas o terceros para confrontar a quienes cometen este tipo de delitos”.
“En Chile los conflictos jurídicos no se resuelven a través de la violencia y lamentablemente el texto, como se había aprobado, permitía la justicia por mano propia (…) implicaría promover más violencia y, por tanto, más delitos”, indicó, en tanto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
“Direccionalmente, restablecemos que exista una aprobación de la pena de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en las que se cometa el delito”, puntualizó el ministro.
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