Ministerio Público cerró “caso Cachagua” por falta de antecedentes en investigación de Fiscalía

Las fiestas masivas y clandestinas llevadas a cabo en Cachagua en enero de 2021, en pleno confinamiento por COVID-19, por cientos de jóvenes que no respetaron ninguna medida de distanciamiento y pusieron en riesgo la salud pública, decantaron en querellas del Gobierno y la persecución penal a sus organizadores, sin embargo, el pasado lunes se dio a conocer que el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa, ante la falta de pruebas por parte de la Fiscalía.

“Esta Fiscalía, con fecha 13 de julio de 2022, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación“, replicó Biobío Chile, según el documento, firmado por el fiscal adjunto de La Ligua, Luis Cortez Muñoz.

El medio consignó la reacción del ex seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, quien en un video afirmó que lo ocurrido “es para no creerlo”, manifestando que tras las fiestas “se generaron uno de los brotes más grandes que vimos en la pandemia, con más de 60 personas contagiadas y más de 170 contactos estrechos”.

“Queda la sensación de impunidad“, agregó Álvarez, indicando que “me queda claro que en ese tiempo la autoridad sanitaria sí hizo la pega. De hecho, a partir de la investigación epidemiológica, se determinó que el nexo de contagio fueron las fiestas y, por otra parte, fiscalizadores de la Seremi de Salud tomaron testimonios de los testigos que evidenciaron que las fiestas fueron reales. Con toda esta información, se iniciaron los sumarios sanitarios y también se presentó a la Fiscalía“.

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Una de las acciones legales fue representada por el ex intendente Jorge Martínez, por celebraciones que tuvieron lugar tras el año nuevo de 2021, tanto en un local de la zona como en una vivienda particular, de los que se registraron videos que terminaron siendo filtrados a la opinión pública, que vivía una estricta cuarentena.

Entre los antecedentes que se acumulan, el medio listó otra querella presentada por el Gobierno, el 2 de enero, cuando un inspector municipal llegó hasta el restobar “Santo Diablo“, propiedad de Martín Abogabir Egaña -quien fue citado a declarar- constató flagrantemente que los clientes transitaban sin el adecuado uso de la mascarilla. La medida seguía siendo transgredida en el lugar dos días después, cuando en aquel momento, con fase 3, se prohibía “el funcionamiento de locales comerciales como Pubs“.

Se suma la polémica fiesta del piloto de rally Samuel Israel Concha, quien el 3 de enero de ese año congregó a una gran cantidad de gente en su domicilio, cerca de 200 personas según la acción judicial. Le sucedió una querella presentada por la Intendencia de la Región de Valparaíso el 7 de enero, luego de que personal de Carabineros llegara de madrugada hasta el inmueble de Cachagua tras quejas de vecinos por ruidos molestos.

Junto a esto, se suman las multas cursadas a todos los implicados que, según apuntó el medio, hasta enero de este año, las 32 personas sumariadas aún no cancelaban las infracciones, que en total ascenderían a cerca de $195 millones.